Pobreza menstrual en México afecta educación y derechos de niñas y mujeres
El acceso limitado a productos menstruales y educación integral genera desigualdades, ausentismo escolar y riesgos para la salud, mientras se discuten alternativas sostenibles y reformas laborales
Hablar de menstruación sigue siendo un tabú, pero los datos evidencian la necesidad de romper silencios. En México, aproximadamente el 43% de niñas y adolescentes en contextos rurales y marginados no tiene acceso regular a toallas sanitarias, según estimaciones de UNICEF y la Secretaría de Educación Pública. Esta carencia tiene consecuencias directas en la asistencia escolar, la salud y la equidad social.
El término pobreza menstrual describe la falta de acceso a insumos básicos como toallas, tampones o analgésicos, así como la ausencia de agua potable, espacios higiénicos o educación confiable. Una encuesta realizada en 2022 por Essity reveló que 3 de cada 10 mexicanas han faltado a la escuela o al trabajo por no contar con productos menstruales, evidenciando el impacto físico, emocional y educativo de esta situación.
Según la autora de este análisis, académica de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, garantizar acceso a insumos higiénicos y educación menstrual integral es fundamental para avanzar hacia la equidad de género y la justicia social en México.
Diversas organizaciones han promovido la distribución gratuita de productos menstruales en escuelas públicas y el Congreso mexicano aprobó en 2021 una reforma para garantizar su entrega en secundarias, aunque la implementación ha sido desigual entre estados. El reto central es normalizar la menstruación como un tema de salud pública y derechos humanos.
La copa menstrual ha emergido como alternativa sostenible y económica. Fabricada con silicona médica, puede reutilizarse durante varios años, reduce los desechos plásticos y representa un ahorro significativo frente a productos desechables. Sin embargo, su adopción enfrenta barreras culturales y de acceso, especialmente en comunidades rurales o indígenas, donde la disponibilidad de agua limpia y espacios higiénicos es limitada.
En 2023, España aprobó una ley que permite solicitar licencia laboral por dolores menstruales incapacitantes, y en México se discute una iniciativa similar que otorgaría hasta tres días de permiso con goce de sueldo por dismenorrea severa. La propuesta busca reconocer la menstruación como una condición médica que puede afectar la productividad y el bienestar, aunque también genera debate sobre posibles riesgos de discriminación o estigmatización laboral.
Expertos coinciden en que garantizar educación menstrual integral, acceso a productos higiénicos y entornos libres de estigma es clave para avanzar hacia la equidad de género y la justicia social. Mientras algunas mujeres urbanas pueden optar por la copa menstrual como solución sostenible, muchas adolescentes en comunidades marginadas aún enfrentan desafíos básicos, como disponer de un baño seguro en su escuela.
En un país con más de 60 millones de mujeres, la menstruación debería figurar en la agenda pública con la misma prioridad que otros temas de salud reproductiva, reconociendo su impacto en la educación, la salud y los derechos humanos.
